Ley "TEA" 2628 de 2026: certificado y beneficios para autismo, TDAH y neurodesarrollo

La nueva ley colombiana incluye autismo, TDAH, trastornos del aprendizaje, discapacidad intelectual y síndrome de Rett. La norma ofrece medidas de atención e inclusión sin declarar que todas esas condiciones sean discapacidades.

Colombia sancionó el 26 de agosto de 2026 la Ley 2628, conocida como Ley TEA. El nombre se queda corto. La norma también incluye el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, los trastornos específicos del aprendizaje, la discapacidad intelectual, el síndrome de Rett y otras condiciones del neurodesarrollo.

La ley ordena crear rutas de atención en salud y educación, capacitar a profesionales, mejorar los registros estadísticos, promover la inclusión laboral y apoyar a familiares y cuidadores. Además, crea un Certificado Único de Trastorno del Neurodesarrollo.

La ley habla de condiciones del neurodesarrollo. No las presenta como una sola categoría de discapacidad. El nuevo documento abre una pregunta frecuente: ¿cuándo una de estas condiciones puede constituir una discapacidad en el plano legal o en la vida cotidiana?

La respuesta breve es: puede serlo, pero el diagnóstico por sí mismo no resuelve todos los casos. La respuesta completa exige separar tres conceptos que suelen meterse en la misma bolsa: condición de salud, discapacidad y necesidad de apoyo.

¿Quieres leer la ley? Está aquí: Presidencia de Colombia: Ley 2628 de 2026.

¿Cómo se entiende cada condición incluida por la Ley 2628?

Autismo

El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo relacionada con la comunicación, la interacción social, el procesamiento sensorial y patrones de comportamiento o intereses.

Puede constituir una discapacidad cuando las características duraderas y las barreras afectan la participación. La intensidad de los apoyos varía entre personas y durante distintas etapas de la vida.

TDAH

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad puede afectar la atención, la regulación de impulsos, la organización y otras funciones ejecutivas.

Tener TDAH no genera por sí solo una certificación de discapacidad. Puede dar lugar a ese reconocimiento cuando produce limitaciones duraderas y restricciones relevantes en la vida cotidiana.

Trastornos específicos del aprendizaje

Esta categoría incluye dificultades persistentes como dislexia, disgrafía o discalculia.

Una persona puede necesitar ajustes educativos sin tener un certificado de discapacidad. Necesidad educativa y discapacidad legal no son exactamente lo mismo.

Discapacidad intelectual

La discapacidad intelectual puede hacer que una persona necesite más tiempo, explicaciones adaptadas o distintos grados de apoyo para aprender, razonar, resolver problemas y afrontar actividades de la vida diaria. Estas actividades pueden incluir comunicarse, organizar una rutina, manejar dinero, desplazarse, cuidar de sí misma o tomar algunas decisiones. Las capacidades y los apoyos necesarios son diferentes en cada persona.

Ya forma parte de los marcos legales de discapacidad. Aun así, los apoyos deben definirse de manera individual y respetar la voluntad, la capacidad jurídica y la autonomía de cada persona.

Síndrome de Rett

El síndrome de Rett es una condición genética poco frecuente que afecta principalmente a niñas. Durante los primeros meses, el desarrollo puede parecer habitual, pero después la niña puede perder habilidades que ya había adquirido, como usar las manos de manera intencional, hablar o caminar. También pueden aparecer movimientos repetitivos de las manos, dificultades para comunicarse, alteraciones de la respiración, convulsiones o problemas de movilidad.

Sus efectos suelen requerir apoyos amplios. El diagnóstico médico y el procedimiento administrativo de certificación siguen siendo procesos distintos.

¿Qué es la Ley 2628 de 2026 y a quiénes cubre?

La Ley 2628 establece medidas de atención, protección e inclusión para personas autistas, con otros trastornos del neurodesarrollo y con condiciones similares. Incluye TEA, TDAH, trastornos específicos del aprendizaje, discapacidad intelectual, síndrome de Rett y otras condiciones que puedan incorporarse según los lineamientos médicos. La ley las reúne para organizar medidas públicas; no afirma que sean equivalentes entre sí ni que todas sean discapacidades.

El Gobierno deberá formular una política pública nacional. Los departamentos, distritos y municipios tendrán que desarrollarla. La norma distribuye funciones entre los ministerios de Salud, Educación y Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje, conocido como SENA, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, conocido como DANE, las EPS y las entidades territoriales.

Estar dentro del ámbito de la ley no equivale a recibir automáticamente todos sus beneficios. Cada apoyo, servicio o programa tendrá condiciones propias. La reglamentación deberá evitar que diagnósticos diferentes sean tratados como si produjeran las mismas necesidades.

La ley ya está vigente, pero muchos de sus procedimientos todavía no están disponibles. El Gobierno dispone de plazos para construir la política pública, la ruta médica, el comité de seguimiento y los sistemas operativos.

¿Qué es el Certificado Único de Trastorno del Neurodesarrollo?

La ley ordena que los territorios con redes de salud de alta complejidad cuenten con centros especializados capaces de expedir el Certificado Único de Trastorno del Neurodesarrollo.

El plazo previsto es de dos meses desde que el centro reciba de la EPS la información del diagnóstico. Esos dos meses no se cuentan desde la primera consulta ni garantizan que todo diagnóstico se complete dentro de ese tiempo.

La certificación será voluntaria. Su ausencia no podrá utilizarse para negar atención en salud ni mecanismos de priorización.

El certificado servirá para acreditar el diagnóstico ante programas públicos de salud, educación, cultura, recreación, deporte, movilidad, transporte o vivienda. Así, una persona o su cuidador podrían evitar presentar la misma documentación médica en cada entidad.

El certificado no crea beneficios nuevos ni garantiza el acceso automático a los que ya existen. No concede por sí mismo vivienda o transporte gratuitos, subsidios ni transferencias económicas. Cada programa deberá existir previamente y conservará sus propios requisitos.

¿Cuándo una condición del neurodesarrollo puede constituir una discapacidad?

Autismo, TDAH y trastornos del aprendizaje son condiciones del neurodesarrollo. Esa es su categoría en este artículo. Una condición puede relacionarse con una situación de discapacidad, pero no se convierte automáticamente en discapacidad legal por aparecer en un diagnóstico. Tampoco deja de generar barreras porque una persona estudie, trabaje, hable con fluidez o parezca desenvolverse sin dificultad durante una conversación breve.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adopta un modelo basado en derechos humanos. Allí, la discapacidad aparece cuando una condición duradera interactúa con barreras que pueden impedir la participación plena y efectiva en igualdad de condiciones.

Colombia incorporó esa Convención a su legislación. La Ley 1618 de 2013 también relaciona la discapacidad con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que, al interactuar con barreras, impiden la participación en igualdad.

Eso cambia la pregunta. En lugar de preguntar únicamente “¿qué diagnóstico tiene?”, hay que preguntar: ¿qué actividades se dificultan, qué apoyos necesita y qué barreras encuentra?

Una persona autista puede requerir apoyo permanente para comunicarse, desplazarse, estudiar o realizar actividades cotidianas. Otra puede vivir de manera independiente y necesitar ajustes específicos para evitar una sobrecarga sensorial o comunicativa. Ambas son autistas. El autismo es la condición compartida; la situación de discapacidad y los apoyos se determinan de manera individual.

Una persona con TDAH puede encontrar estrategias y un entorno que le permitan estudiar y trabajar sin limitaciones graves. Otra puede enfrentar dificultades persistentes para organizar actividades, regular la atención, administrar tiempos o sostener un empleo. Compartir un diagnóstico no significa compartir las mismas barreras ni necesitar los mismos apoyos.

La discapacidad no es un insulto ni un diagnóstico moral

En el plano humano, la palabra discapacidad todavía carga prejuicios. Algunas familias la evitan porque temen que reduzca a la persona a una limitación. Otras personas la reivindican como parte de su identidad y como una herramienta para exigir accesibilidad y derechos.

Reconocer una discapacidad no significa declarar que alguien es incapaz. Una persona puede tomar decisiones, trabajar, formar una familia, crear, aprender y necesitar apoyos al mismo tiempo.

La discapacidad tampoco está solamente dentro del cuerpo o el cerebro. Una oficina con luces intensas, ruido continuo y normas de comunicación implícitas puede excluir a una persona que, en otro ambiente, trabaja sin dificultad. La condición individual permanece; la discapacidad producida por el entorno cambia.

El enfoque de neurodiversidad añade otra idea: las diferencias neurológicas forman parte de la diversidad humana. Esa perspectiva no obliga a negar la discapacidad. Muchas personas se identifican a la vez como neurodivergentes y discapacitadas. Otras no utilizan esa identidad. La ley debe ofrecer apoyos sin imponer una forma única de nombrarse.

El nuevo certificado no es el certificado de discapacidad

Colombia ya cuenta con un procedimiento general de certificación de discapacidad y con el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. La Resolución 1197 de 2024 regula ese proceso.

La certificación general utiliza una valoración clínica multidisciplinaria basada en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Examina funciones y estructuras corporales, limitaciones para realizar actividades y restricciones en la participación.

La Ley 2628 no dice que el nuevo Certificado Único de Trastorno del Neurodesarrollo reemplace el certificado de discapacidad. Tampoco elimina los certificados ya expedidos.

La reglamentación tendrá que responder cómo convivirán ambos documentos, cuándo servirá uno u otro y cómo se evitará que una familia tenga que demostrar dos veces la misma información.

¿Quien ya tiene diagnóstico deberá repetirlo?

La Ley 2628 no ordena volver a diagnosticar automáticamente a todas las personas. Indica que la EPS deberá remitir la información diagnóstica necesaria al centro especializado.

Todavía no están definidos todos los documentos, especialidades, vigencias o criterios de actualización. Esos detalles deberán aparecer en la reglamentación. Por ahora, no es responsable anunciar que toda persona tendrá que empezar de cero.

¿Ya se puede solicitar y cuánto cuesta?

No todas las EPS e instituciones prestadoras de salud pueden expedirlo inmediatamente. Hacen falta reglas operativas, centros habilitados, sistemas de información y rutas de remisión.

Las personas pueden continuar utilizando diagnósticos, historias clínicas, certificados de discapacidad y mecanismos de protección existentes. La falta del nuevo documento no suspende derechos anteriores.

La ley tampoco define todavía cuánto costará el procedimiento. No conviene afirmar que será gratuito hasta que la reglamentación lo establezca.

¿Qué ocurre en municipios sin una red de alta complejidad?

Este es uno de los vacíos más visibles. La ley habla de centros especializados en territorios con redes de alta complejidad, pero no desarrolla por completo el recorrido de una persona que vive lejos de ellos.

La futura ruta médica deberá definir remisiones, transporte de información, atención a distancia y responsabilidades territoriales. De lo contrario, el lugar de residencia puede convertirse en una barrera adicional.

¿Qué cambia en salud?

El Ministerio de Salud deberá establecer una Ruta de Atención Médica pública. La ruta tendrá que coordinar diagnóstico, tratamiento, seguimiento y acceso oportuno a medicamentos prescritos.

Actualizar protocolos clínicos con evidencia científica.
Promover la detección temprana.
Capacitar al personal de atención primaria.
Registrar esa capacitación en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud.
Desarrollar investigación en coordinación con el Instituto Nacional de Salud.
Preparar respuestas ante el desabastecimiento de medicamentos.
Incluir a personas diagnosticadas, familias y organizaciones en la construcción de la ruta.

El Ministerio tendrá hasta un año para establecer la ruta. La sanción de la ley no ha eliminado todavía las esperas, autorizaciones ni la escasez de profesionales.

¿Qué cambia en colegios y universidades?

El Ministerio de Educación y las secretarías territoriales deberán desarrollar una ruta de inclusión. La ley contempla cupos en instituciones oficiales y no oficiales, formación progresiva para docentes y condiciones seguras para estudiantes con hipersensibilidad.

Un estudiante no necesita ser declarado incapaz para recibir un ajuste educativo. La finalidad de un apoyo es permitir que aprenda y participe, no demostrar que no puede hacerlo.

La ley no asigna automáticamente una maestra, maestro o acompañante individual a cada estudiante. Los apoyos deberán definirse según las necesidades, los ajustes razonables y las normas educativas vigentes.

En 2025, el Ministerio de Educación explicó que el alumnado con TDAH no necesita evaluaciones médicas anuales para conservar los apoyos escolares. La Ley 2628 no debería utilizarse para volver más burocrático un derecho ya reconocido.

¿Qué establece para el trabajo y los cuidadores?

La ley contempla medidas de flexibilidad laboral para familiares de personas certificadas. El Ministerio de Trabajo y el SENA deberán promover formación, empleo y emprendimiento para esta población y sus cuidadores.

Flexibilidad laboral no significa trabajo remoto automático. Colombia ya cuenta con normas que permiten acordar horarios flexibles, trabajo en casa o trabajo remoto para cuidadores cuando las funciones lo permiten. La aplicación depende de la certificación, el vínculo familiar y las condiciones del empleo.

La norma reconoce una relación que suele permanecer invisible: cuando el sistema educativo o sanitario no proporciona apoyos, una familia cubre el vacío con tiempo, trabajo e ingresos propios.

¿El certificado dará acceso al Sisbén, al RUI o a subsidios?

No de forma automática. La Ley 2628 no reemplaza el Sisbén, no modifica por sí misma el Registro Universal de Ingresos, conocido como RUI, y no concede una transferencia monetaria a toda persona diagnosticada.

El certificado podrá acreditar una condición ante una autoridad. Los programas sociales conservarán requisitos económicos, familiares, territoriales y administrativos.

¿Qué pasa con los datos de salud?

El DANE deberá incluir variables relacionadas con estas condiciones en sus operaciones estadísticas. Salud y Educación tendrán que mejorar sus bases de datos y sistemas de seguimiento.

Los diagnósticos son datos personales sensibles. La ley no convierte las historias clínicas ni los nombres de las personas en información pública. La reglamentación deberá definir finalidades, controles de acceso, conservación, intercambio y anonimización.

¿Qué relación tiene la ley con el servicio militar?

El Certificado Único de Trastorno del Neurodesarrollo podrá utilizarse como documento justificativo para la exoneración del servicio militar obligatorio. La historia clínica conservará validez y el trámite deberá ser sencillo.

La exoneración por discapacidad ya existía en la legislación militar. La novedad consiste en reconocer el nuevo certificado como uno de los medios para acreditar la situación.

¿Qué hacen otros países?

Colombia no es el primer país que adopta una norma sobre autismo. Su rasgo menos común es reunir en un mismo texto autismo, TDAH, trastornos del aprendizaje, discapacidad intelectual y síndrome de Rett.

No existe una única respuesta internacional sobre autismo y discapacidad. Brasil reconoce legalmente a todas las personas autistas como personas con discapacidad. Colombia y España separan el diagnóstico del procedimiento administrativo que certifica una discapacidad. Francia reúne varias condiciones del neurodesarrollo en una estrategia, sin convertirlas en una sola categoría jurídica.

🇪🇸 España: diagnóstico y grado de discapacidad son diferentes

España ofrece una comparación especialmente útil. Su Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad define la discapacidad como el resultado de la interacción entre deficiencias previsiblemente permanentes y barreras que limitan la participación.
El Real Decreto 888 de 2022 establece un procedimiento para reconocer y expresar el grado de discapacidad como porcentaje. La evaluación considera deficiencias, limitaciones para realizar actividades, restricciones en la participación y barreras ambientales.
En España, un diagnóstico de autismo o TDAH tampoco concede automáticamente un 33 % de discapacidad. El grado depende de la evaluación individual. Al mismo tiempo, una persona puede recibir determinados apoyos sin alcanzar ese porcentaje.
Las convocatorias españolas de ayudas educativas muestran esa separación: el alumnado autista puede acceder a apoyos específicos incluso cuando no pertenece al grupo que acredita discapacidad por la vía general.
España cuenta además con el I Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastorno del Espectro del Autismo 2023-2027. Aborda diagnóstico, educación, empleo, salud, vida adulta, familias y participación. No existe un certificado nacional de neurodesarrollo equivalente al que propone Colombia.

🇨🇱 Chile: derechos, acompañamiento y accesibilidad

Chile aprobó en 2023 la Ley 21.545. Promueve detección temprana, inclusión educativa, capacitación profesional, acompañamiento durante la atención médica y comunicación accesible. Chile protege a las personas autistas sin reducir toda la política a una credencial.

🇧🇷 Brasil: discapacidad legal y tarjeta de identificación

Brasil reconoció en 2012 a las personas autistas como personas con discapacidad para todos los efectos legales. Su legislación contempla diagnóstico temprano, atención multiprofesional, medicamentos, educación, empleo y acompañante especializado cuando exista necesidad comprobada. En 2020 creó una tarjeta gratuita de identificación. Brasil es el antecedente más cercano al documento colombiano, aunque su tarjeta se concentra en autismo.

🇦🇷 Argentina: una ley que tardó cinco años en reglamentarse

Argentina aprobó en 2014 la Ley 27.043 sobre detección temprana, diagnóstico, atención interdisciplinaria, formación profesional y estudios epidemiológicos. Su reglamentación llegó en 2019. El intervalo argentino demuestra que aprobar una ley y construir un servicio nacional son momentos diferentes.

🇵🇪 Perú: atención e inclusión intersectorial

Perú cuenta desde 2014 con la Ley 30.150. Su reglamento distribuye tareas en detección, diagnóstico, intervención temprana, salud, educación, formación e inclusión laboral y social. La coordinación puede ampliar la atención o convertirse en una cadena de remisiones sin responsable visible.

🇲🇽 México: cuando un certificado se convierte en barrera

México aprobó en 2015 una ley general sobre autismo que incluyó certificados de habilitación relacionados con el empleo. La Suprema Corte declaró inconstitucional esa parte porque obligaba a las personas autistas a probar una capacidad que no se exigía al resto de la población.

El certificado colombiano es voluntario y tiene otra finalidad. El antecedente mexicano muestra por qué ninguna institución debería utilizarlo para decidir si una persona “sirve” para estudiar o trabajar.

🇮🇹 Italia: atención durante todo el ciclo de vida

Italia aprobó en 2015 la Ley 134 sobre diagnóstico, atención, equipos regionales, apoyo familiar e inclusión laboral. Exige continuidad desde la infancia hasta la adultez. Su texto original dispuso que la aplicación no generara nuevos gastos. Italia muestra el límite de ordenar servicios sin asignar financiación nueva.

🇬🇧 Reino Unido: una ley que obliga a mantener una estrategia

El Autism Act de 2009 obligó al Gobierno británico a crear una estrategia y orientaciones para autoridades y servicios sanitarios. La estrategia posterior amplió su cobertura a niñas, niños y jóvenes.

🇨🇦 Canadá: familias, cuidadores y apoyo económico

Canadá aprobó en 2023 una ley que obligó a desarrollar un marco federal sobre diagnóstico oportuno, apoyo para cuidadores, posibles beneficios económicos, investigación, datos y participación comunitaria. Su marco no crea una certificación equivalente a la colombiana.

🇫🇷 Francia: el alcance más parecido al colombiano

La Estrategia Nacional francesa para los Trastornos del Neurodesarrollo 2023-2027 incluye autismo, trastornos Dys, TDAH y discapacidad intelectual. Francia ofrece la comparación más cercana en cuanto a condiciones cubiertas.

🇦🇺 Australia: participación de personas autistas

Australia desarrolla su Estrategia Nacional de Autismo 2025-2031 mediante planes sobre inclusión social, inclusión económica, diagnóstico, servicios y salud. Fue codiseñada con personas autistas y organizaciones. Una política sobre condiciones del neurodesarrollo no debería construirse sin las personas a quienes afectará.

🇨🇴 ¿Cuándo comenzarán a aplicarse todas las medidas en Colombia?

El Gobierno tendrá hasta un año para formular la política pública nacional.
El Ministerio de Salud tendrá hasta un año para establecer la Ruta de Atención Médica.
El Comité Nacional de Inclusión deberá ser reglamentado dentro de seis meses.
Las entidades territoriales deberán adaptar y ejecutar las medidas.
Los centros, sistemas de datos y programas de capacitación necesitarán recursos y desarrollo técnico.

El Comité Nacional de Inclusión deberá reunirse al menos dos veces al año y presentar al Congreso un informe anual. El presupuesto, los indicadores y las diferencias territoriales mostrarán si el cumplimiento puede medirse o queda reducido a reuniones.

Lo que esto significa

La Ley 2628 reconoce que una condición del neurodesarrollo puede afectar varias áreas de la vida. Una barrera escolar puede obligar a un familiar a abandonar el trabajo. Una demora diagnóstica puede aplazar apoyos. Un sistema sin datos puede dejar una región sin profesionales.

La ley presenta el autismo, el TDAH y la dislexia como condiciones del neurodesarrollo, no como discapacidades automáticas. Reconoce que quienes viven con ellas pueden necesitar atención, ajustes o protección, tengan o no una certificación de discapacidad.

El nuevo certificado podría evitar que una familia presente los mismos documentos ante salud, educación, transporte y vivienda. También podría duplicar trámites si no se articula con la certificación de discapacidad existente.

La prueba no estará en cuántos certificados se impriman. Estará en si una persona recibe el apoyo que necesita sin renunciar a su autonomía, revelar datos innecesarios ni demostrar ante cada ventanilla que merece participar.

Discapacidad no significa incapacidad. Diagnóstico no significa identidad obligatoria. Apoyo no significa privilegio. La función de una buena ley es retirar barreras, no decidir cuánto vale una persona.

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Preguntas frecuentes sobre la Ley 2628

¿Toda persona autista tiene una discapacidad legal?

No. La Ley 2628 no lo establece de esa manera. En Colombia, autismo es el diagnóstico o condición del neurodesarrollo. La situación de discapacidad depende de sus efectos, las barreras y la participación, y su certificación administrativa requiere un procedimiento diferente. Brasil adopta otra regla y reconoce legalmente a toda persona autista como persona con discapacidad.

¿El TDAH es una discapacidad en Colombia?

La Ley 2628 lo incluye como una condición del neurodesarrollo. En algunos casos puede relacionarse con una situación de discapacidad, pero el diagnóstico no basta por sí solo para obtener la certificación. La valoración examina limitaciones, participación y barreras.

¿La dislexia está cubierta?

Sí. La ley incluye los trastornos específicos del aprendizaje. Eso no significa que toda persona con dislexia reciba automáticamente una certificación de discapacidad.

¿La ley cubre a personas adultas?

Sí. La protección no se limita a menores. Contempla salud, empleo, emprendimiento, inclusión y otros apoyos durante la vida adulta.

¿El nuevo certificado reemplaza el certificado de discapacidad?

No. La Ley 2628 no elimina ni sustituye automáticamente el procedimiento general de certificación de discapacidad.

¿Quien ya tiene diagnóstico deberá comenzar de nuevo?

La ley no ordena repetir todos los diagnósticos. La EPS deberá enviar la información. Los requisitos de actualización están pendientes.

¿El certificado será obligatorio?

No. Será voluntario y su ausencia no podrá impedir el acceso a atención en salud.

¿Ya se puede solicitar?

La ley está vigente, pero el procedimiento nacional requiere reglamentación, centros autorizados y sistemas de información.

¿Dará subsidios o transporte gratuito?

No de forma automática. Podrá facilitar la acreditación ante programas existentes. Cada beneficio conservará sus demás requisitos.

¿En España el autismo concede automáticamente un 33 % de discapacidad?

No. España evalúa individualmente deficiencias, limitaciones, participación y barreras. Una persona autista puede recibir ciertos apoyos educativos sin tener reconocido ese porcentaje.