Centros de datos en Santa Marta y Zona Bananera: qué pasó con el proyecto de $630.000 millones
Colombia aprobó recursos públicos para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial en el Magdalena. El proyecto fue detenido después de recibir advertencias técnicas y jurídicas. ¿Qué se quería construir, para qué serviría y qué ocurrió con el dinero?
En Colombia se planeó construir infraestructura informática para almacenar información, ejecutar programas y desarrollar inteligencia artificial. El proyecto contemplaba centros de datos en Santa Marta y Zona Bananera, en el departamento del Magdalena, con una financiación pública aprobada de 630.000 millones de pesos.
La propuesta recibió aprobación en febrero de 2026. Meses después se conocieron documentos que cuestionaban aspectos de su diseño, sus costos y su autonomía tecnológica. La empresa encargada de ejecutarla terminó desistiendo.
Hasta octubre de 2026, la información pública consultada no permite afirmar que esos 630.000 millones se hayan gastado o perdido. Lo que sí está documentado es que el proyecto fue aprobado, recibió advertencias y no avanzó conforme a lo previsto.
Para entender qué ocurrió conviene empezar por una pregunta mucho más sencilla: ¿qué iba a recibir Colombia a cambio de esa inversión?
¿Qué es un centro de datos y para qué sirve?
Cuando guardamos fotografías en internet, consultamos una aplicación bancaria o utilizamos una inteligencia artificial, necesitamos computadoras que almacenen información y realicen operaciones.
Esas computadoras se encuentran en instalaciones físicas conocidas como centros de datos.
Un centro de datos puede tener cientos o miles de servidores conectados entre sí. Necesita electricidad permanente, sistemas de refrigeración, conexiones de alta capacidad y protección contra fallas físicas e informáticas.
Por ejemplo, una universidad que estudia enfermedades puede necesitar procesar millones de datos. Una institución meteorológica puede utilizar computadoras para elaborar modelos del clima. Y una empresa que desarrolla inteligencia artificial necesita equipos capaces de realizar enormes cantidades de cálculos.
En todos esos casos se requiere infraestructura informática.
La diferencia está en dónde se encuentra, quién la administra, cuánto cuesta utilizarla y qué posibilidades tienen las instituciones de controlar su funcionamiento.
¿Por qué Colombia quería construir estos centros de datos?
El objetivo anunciado era fortalecer la capacidad nacional para desarrollar y utilizar inteligencia artificial.
En febrero de 2025, durante una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos, el Gobierno colombiano presentó una iniciativa de cooperación tecnológica que incluía infraestructura de procesamiento de datos.
En esa etapa se habló de tres centros de datos y de una iniciativa denominada BioNube.
Posteriormente se desarrolló una convocatoria pública para financiar capacidades de inteligencia artificial mediante una infraestructura denominada nube soberana.
La propuesta que terminó aprobándose involucraba a InterNexa, empresa del grupo ISA, junto con entidades académicas y territoriales del Magdalena.
Su propósito era proporcionar recursos informáticos para investigación, desarrollo tecnológico y actividades productivas.
Pero una cosa es identificar la necesidad de contar con infraestructura y otra demostrar que una propuesta específica puede satisfacerla a un costo razonable.
¿Qué significa tener una nube soberana?
La palabra nube puede dar la impresión de que los datos flotan en internet. En realidad, la nube funciona mediante computadoras instaladas en lugares físicos.
Una empresa puede ofrecer almacenamiento, programas y capacidad de procesamiento desde servidores que sus clientes utilizan a distancia.
La soberanía digital introduce otra pregunta: ¿quién controla esos servicios?
Supongamos que una institución colombiana guarda información en servidores instalados en Santa Marta, pero necesita que una empresa extranjera autorice determinadas actualizaciones, proporcione herramientas esenciales o mantenga el software necesario para operar.
Los servidores están en Colombia, pero la institución sigue dependiendo de decisiones y tecnologías externas.
Eso no significa automáticamente que sus datos estén expuestos ni que exista una vulneración de seguridad. Significa que la ubicación física de los equipos no resuelve todas las cuestiones de autonomía.
Para evaluar una nube soberana hay que examinar quién administra los sistemas, quién puede acceder a la información, qué legislación se aplica, cómo se protege la seguridad y qué ocurriría si fuera necesario cambiar de proveedor.
¿Qué papel tenía Alibaba en el proyecto?
Según la investigación publicada por El Espectador el 25 de octubre de 2026, la propuesta de InterNexa contemplaba una dependencia tecnológica de Alibaba, empresa china que ofrece servicios informáticos en la nube.
Entre las tecnologías examinadas estaba Apsara, una plataforma utilizada para administrar recursos y servicios de computación.
El Departamento Nacional de Planeación, conocido como DNP, había evaluado aspectos de la propuesta relacionados con la soberanía tecnológica.
De acuerdo con la documentación examinada por El Espectador, la evaluación identificó dificultades para cumplir varios de los principios analizados. También señaló riesgos de dependencia del proveedor.
Este problema tiene una explicación sencilla.
Si una organización desarrolla todos sus servicios utilizando herramientas que solamente funcionan dentro del sistema de un fabricante, cambiar de proveedor puede resultar costoso y complicado.
Es lo que en tecnología se conoce como dependencia del proveedor.
La presencia de tecnología extranjera no constituye, por sí misma, una irregularidad. Los centros de datos de numerosos países utilizan equipos y programas desarrollados internacionalmente.
La cuestión es si el nivel de dependencia resulta compatible con los objetivos anunciados y si se conocen sus consecuencias técnicas y económicas.
¿Por qué Santa Marta y Zona Bananera?
La propuesta situaba infraestructura en el departamento del Magdalena, incluyendo Santa Marta y el municipio de Zona Bananera.
Para construir un centro de datos se necesitan condiciones muy concretas: suministro eléctrico confiable, conectividad, seguridad física y capacidad para mantener los equipos a temperaturas adecuadas.
También deben evaluarse los riesgos ambientales, la disponibilidad de terrenos y los costos de funcionamiento durante toda la vida útil de las instalaciones.
La ubicación geográfica puede ofrecer ventajas, pero esas ventajas deben demostrarse con estudios técnicos.
En la información consultada no encontramos una comparación pública suficiente para afirmar que Santa Marta y Zona Bananera fueran las mejores ubicaciones disponibles en Colombia.
Eso tampoco demuestra que fueran lugares inadecuados. Significa que la justificación de su elección merece una explicación verificable.
El terreno de Santa Marta y la cuestión del agua
El 17 de diciembre de 2025, la Sociedad de Activos Especiales anunció la entrega de aproximadamente 3,5 hectáreas del predio El Manantial, en Santa Marta, a Central de Inversiones.
El terreno había pertenecido a una persona vinculada al narcotráfico y pasó a la administración estatal mediante los mecanismos de recuperación de bienes.
La entidad anunció que allí se proyectaba construir infraestructura tecnológica en colaboración con el Ministerio de Ciencia.
Pero disponer de un terreno no equivale a tener un centro de datos listo para funcionar.
Hay que resolver, entre otros asuntos, cómo se suministrará la electricidad y cómo se enfriarán los equipos.
Esto último resulta especialmente pertinente en Santa Marta, una ciudad que ha enfrentado dificultades de abastecimiento de agua.
Los servidores producen calor mientras funcionan. Si ese calor no se controla, los equipos pueden reducir su rendimiento o sufrir daños.
Algunos sistemas de refrigeración utilizan agua; otros recurren principalmente al aire o a circuitos cerrados. El consumo depende de la tecnología, el clima, la capacidad instalada y el diseño.
Por eso sería incorrecto afirmar que cualquier centro de datos necesariamente agotaría el agua de la ciudad.
La pregunta técnica es otra: ¿qué sistema de refrigeración se había previsto, cuánta agua necesitaría y de dónde provendría?
Sin conocer esas respuestas, tampoco es posible calcular adecuadamente su impacto ambiental.
¿De dónde saldrían los 630.000 millones de pesos?
Los recursos correspondían al Sistema General de Regalías, un mecanismo mediante el cual Colombia distribuye ingresos derivados de la explotación de recursos naturales no renovables.
Una parte de esos recursos se destina a financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
En este caso, la convocatoria buscaba financiar infraestructura para desarrollar capacidades de inteligencia artificial.
La propuesta de InterNexa fue presentada para su evaluación y recibió aprobación en febrero de 2026.
La documentación oficial del órgano encargado de administrar y decidir sobre estos recursos registra 630.000 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías, dentro de una estructura financiera que también contemplaba aportes de otras fuentes.
Es necesario distinguir entre el presupuesto público aprobado y el costo total de una propuesta que incluye otros aportes.
También hay que diferenciar la aprobación presupuestal del desembolso efectivo.
Que una institución autorice recursos para un proyecto no significa que todo ese dinero haya sido entregado o gastado.
¿Quién debía ejecutar el proyecto?
La propuesta tenía como ejecutora sugerida a InterNexa, empresa colombiana especializada en conectividad y servicios de infraestructura digital, perteneciente al grupo ISA.
La Universidad del Magdalena y entidades territoriales también participaron en la iniciativa.
El Ministerio de Ciencia intervino como secretaría técnica del proceso de financiación.
Estas funciones son distintas. Una entidad puede organizar una convocatoria, otra evaluar propuestas, otra aprobar recursos y otra encargarse de ejecutar las obras.
Por eso, identificar a una institución dentro del procedimiento no significa atribuirle automáticamente responsabilidad por todos los aspectos del proyecto.
Para establecer responsabilidades hay que examinar las funciones y decisiones concretas de cada participante.
¿Qué ocurrió después de la aprobación?
El 12 de febrero de 2026 se aprobó el proyecto. Días después apareció un problema relacionado con las autorizaciones internas de InterNexa.
En una comunicación del 19 de febrero, divulgada posteriormente por El Tiempo y reconocida en un comunicado de Minciencias, la empresa informó que su junta directiva no había emitido la autorización correspondiente para comprometerse con la ejecución.
InterNexa preguntó si todavía era posible obtener y presentar esa autorización.
El Ministerio de Ciencia respondió públicamente el 27 de febrero. Explicó que las entidades participantes debían garantizar el cumplimiento de sus propios procedimientos internos y sostuvo que la secretaría técnica había actuado conforme a los requisitos aplicables.
La situación generó una discusión jurídica sobre la posibilidad de corregir esa ausencia de autorización después de la aprobación.
El hecho verificable es que existió la comunicación de InterNexa y que Minciencias publicó una respuesta institucional. Determinar las consecuencias jurídicas corresponde a las autoridades competentes.
Las advertencias técnicas que se conocieron después
En octubre de 2026, El Espectador publicó una investigación basada en documentos y comunicaciones sobre las evaluaciones realizadas antes de aprobar el proyecto.
La investigación informó que el Departamento Nacional de Planeación había identificado problemas relacionados con la soberanía tecnológica, la estructura de costos y la viabilidad de la propuesta.
Entre los asuntos cuestionados estaba la justificación de una inversión de aproximadamente 337.000 millones de pesos destinada a infraestructura, para la cual el informe citado no encontraba el desglose de cotizaciones que consideraba necesario.
La ausencia de suficiente soporte presupuestal en una evaluación no demuestra por sí misma que los precios fueran fraudulentos. Sí dificulta comprobar si los costos propuestos corresponden a los equipos y servicios necesarios.
También se señalaron riesgos relacionados con infraestructura eléctrica, seguridad y condiciones de operación.
Estas observaciones planteaban dudas que debían resolverse antes de comprometer la ejecución de una infraestructura de esta magnitud.
La existencia de advertencias técnicas tampoco equivale automáticamente a una declaración de ilegalidad. Una evaluación puede identificar deficiencias que deben corregirse, mientras que las responsabilidades administrativas o judiciales requieren procedimientos diferentes.
¿Entonces qué pasó finalmente con el proyecto?
De acuerdo con la información publicada en octubre de 2026, ISA e InterNexa concluyeron que existían riesgos que impedían continuar con la ejecución de la propuesta y comunicaron su decisión de no seguir adelante.
También informaron que los recursos comprometidos fueron liberados para que pudieran destinarse a otros proyectos.
Esto permite describir el resultado: la iniciativa aprobada no llegó a ejecutarse conforme a lo previsto.
Pero no permite afirmar que los 630.000 millones de pesos hayan desaparecido, ni que se hubieran invertido completamente en obras inconclusas.
Para establecer con precisión si hubo gastos preliminares, desembolsos parciales o costos administrativos sería necesario contar con una relación oficial de movimientos presupuestales y pagos.
La información consultada tampoco permite confirmar que los centros de datos originalmente anunciados estén actualmente en construcción como parte de otro proyecto.
¿Se trató de corrupción?
Los documentos y reportajes consultados muestran advertencias técnicas, controversias sobre el procedimiento y una autorización empresarial que no se había obtenido cuando se presentó la comunicación de febrero.
Esos hechos justifican preguntas sobre la estructuración y aprobación del proyecto.
Pero no constituyen por sí mismos una prueba de corrupción, apropiación de recursos o responsabilidad penal de una persona determinada.
La información disponible debe examinarse por lo que demuestra, sin convertir una deficiencia técnica en una acusación que no ha sido acreditada.
Del mismo modo, la existencia de respuestas institucionales que defienden el procedimiento no elimina automáticamente las observaciones técnicas documentadas.
Ambas cuestiones pueden analizarse de manera independiente.
¿Colombia necesita centros de datos propios?
Contar con infraestructura informática dentro del país puede ofrecer ventajas para universidades, instituciones públicas y empresas que necesitan procesar grandes volúmenes de información.
También puede facilitar el desarrollo de capacidades técnicas locales y permitir que determinados servicios se ejecuten bajo condiciones de operación y protección de datos definidas en Colombia.
Pero construir centros de datos no es la única alternativa.
Una institución puede contratar servicios existentes, utilizar infraestructura compartida o combinar equipos propios con plataformas comerciales.
La mejor decisión depende de las necesidades concretas.
Por ejemplo, una universidad que necesita capacidad de procesamiento durante tres meses al año podría encontrar más conveniente alquilarla que mantener servidores costosos durante los doce meses.
En cambio, una institución que opera sistemas de manera permanente y maneja información especialmente sensible podría tener razones técnicas y jurídicas para mantener mayor control sobre su infraestructura.
La decisión requiere comparar costos de construcción, mantenimiento, consumo eléctrico, seguridad, actualizaciones y personal especializado.
Y también debe considerar cuánto tiempo tardarán los equipos en quedar obsoletos.
Lo que esto significa
El caso de Santa Marta y Zona Bananera deja una pregunta útil para cualquier proyecto público de tecnología: ¿qué problema concreto se quiere resolver y cómo se comprobará que la inversión lo resuelve?
En inteligencia artificial, disponer de computadoras potentes puede ser necesario. Pero las computadoras necesitan programas, personas capacitadas, electricidad, mantenimiento y proyectos que aprovechen su capacidad.
También necesitan un modelo financiero que permita seguir utilizándolas después de su inauguración.
La autonomía tecnológica exige evaluar qué partes de esos sistemas controla realmente el país y cuáles dependen de proveedores externos.
En este caso hubo una propuesta aprobada, advertencias sobre su diseño y una decisión posterior de no ejecutarla en las condiciones previstas.
La discusión que queda abierta es cómo aprovechar los recursos destinados a ciencia y tecnología para obtener infraestructura que pueda utilizarse, mantenerse y evaluarse con resultados comprobables.
Colombia puede necesitar mayor capacidad para desarrollar inteligencia artificial. Pero esa necesidad, por sí sola, no demuestra que cualquier proyecto para construir centros de datos sea técnicamente adecuado.
La utilidad de la inversión debe poder explicarse antes de aprobarla y comprobarse después de ejecutarla.
Preguntas que todavía necesitan respuesta
Al cierre de esta revisión, el 31 de octubre de 2026, quedan asuntos pendientes de confirmación documental:
- ¿Cuál es el estado administrativo definitivo del proyecto aprobado en febrero?
- ¿Qué cantidad de recursos, si alguna, llegó a desembolsarse y cuánto se ejecutó?
- ¿Qué destino tendrán los terrenos destinados a infraestructura tecnológica?
- ¿Existe una nueva propuesta para construir los centros de datos?
- ¿Qué modificaciones técnicas serían necesarias para satisfacer los objetivos de soberanía digital?
Responder estas preguntas permitiría conocer el resultado definitivo de la iniciativa sin depender de interpretaciones partidistas.
Bibliografía y fuentes consultadas
- El Espectador. Sergio Silva Numa. InterNexa, data centers y la “nube soberana”: las advertencias que no fueron escuchadas. 25 de octubre de 2026. Consultar investigación.
- El Espectador. Sergio Silva Numa y Maribel Jaimes Salcedo. En video: el controversial caso de InterNexa y la inteligencia artificial. 30 de octubre de 2026. Consultar video.
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Acta de la sesión 66 de 2026 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Documento oficial sobre proyectos y recursos del Sistema General de Regalías. Consultar documento PDF.
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la buena administración en la Convocatoria No. 46. 27 de febrero de 2026. Consultar comunicado oficial.
- El Tiempo. Unidad Investigativa. Exclusivo: la carta en la que InterNexa admite error en millonario proyecto en Minciencias en el que salió elegible. 25 de febrero de 2026. Consultar investigación.
- Sociedad de Activos Especiales. La SAE entrega El Manantial en Santa Marta para proyecto de data center de alto impacto. 17 de diciembre de 2025. Consultar comunicado oficial.
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