Gobiernos de LATAM apuestan por nubes propias

¿Y si tu historia clínica estuviera segura… pero también cerca?

Hasta hace poco, muchos gobiernos en Latinoamérica usaban servidores obsoletos, contratos fragmentados con proveedores extranjeros y software que nadie se atrevía a actualizar. ¿Hasta hace poco? En realidad eso puede ser real aún en muchos lugares. Y puede traducirse en bases de datos duplicadas, ataques cibernéticos sin respuesta y ciudadanos haciendo filas por papeles que ya deberían estar en línea.

Pero algo podría estar cambiando. Y no es menor.

El problema: dependencia, riesgo y lentitud

Durante años, el modelo fue simple: cada entidad pública licitaba por separado su infraestructura tecnológica. Eso creó un ecosistema desordenado, costoso, y muchas veces inseguro. A eso se suma el crecimiento explosivo de datos y una presión regulatoria que no da tregua: ¿dónde se guarda esa información?, ¿quién puede verla?, ¿cómo evitar que caiga en manos equivocadas?

La respuesta ya no puede ser una nube en otro país. Y menos una que el Estado no pueda controlar.

El giro: nubes propias, soberanas… y regionales

En 2025, países como Chile, México, Brasil y Colombia comenzaron a explorar una alternativa: construir su propia nube estatal, basada en centros de datos locales, estándares abiertos y sistemas que permitan moverse entre proveedores sin quedar atados a uno solo.

En Chile, por ejemplo, el Plan Nacional de Data Centers apuesta por invertir más de 4.000 millones de dólares para posicionar al país como un hub digital en Sudamérica. No solo quieren atraer inversiones, también buscan alojar servicios públicos críticos —como salud, educación y justicia— en una infraestructura propia, interoperable y segura.

La promesa es clara: controlar mejor los datos del Estado, reducir los costos operativos y garantizar que, en caso de crisis, los servicios digitales no se apaguen.

Pero no es tan simple: nuevos riesgos y viejos dilemas

Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque así como crece el entusiasmo, también crecen las preguntas incómodas.

¿Quién gobierna esa nube?
La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI) ya lo advirtió: no basta con instalar servidores. Se necesita un plan de gobernanza, con reglas claras, participación ciudadana y mecanismos que aseguren la privacidad de los datos. Sin eso, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

¿Y si falla?
Una nube centralizada puede ser eficiente, pero también frágil. Si se cae, se puede llevar con ella todo el sistema de salud, o la administración tributaria. Y si no se actualiza a tiempo, puede quedar rezagada frente a tecnologías globales como la inteligencia artificial avanzada o los modelos de predicción que ya usan empresas como AWS o Microsoft.

¿Quién paga esto?
Aunque el caso chileno se presenta como ejemplo, no se ha explicado del todo cómo se financiará: ¿endeudamiento? ¿alianzas público-privadas? ¿fondos internacionales? Países como Argentina ya intentaron esquemas similares… y fracasaron por falta de continuidad política.

El impacto real: cuando el dato se convierte en derecho

Más allá del debate técnico, la nube estatal puede cambiar cómo accedemos a servicios públicos. Imagina esto:

• Una historia clínica única para todo el país, accesible en cualquier hospital, sin cargar papeles.

• Trámites sin filas, gracias a sistemas interconectados que entienden tu situación sin pedirte los mismos datos una y otra vez.

• Subsidios automáticos para familias vulnerables, porque la información ya está cruzada entre salud, educación y empleo.

Pero ese futuro solo será posible si también se invierte en conectividad rural, talento digital y en energía limpia para alimentar los centros de datos. Porque no todo lo digital es sostenible: un solo centro mal diseñado puede gastar millones de litros de agua al año y dejar fuera a quienes no tienen buena conexión.

¿Y el resto del mundo?

Europa también está intentando esto. Su proyecto GAIA‑X busca construir una nube soberana, pero ha enfrentado retrasos, burocracia y críticas. En Francia, el fallido plan Andromède quemó cientos de millones de euros sin resultados. América Latina tiene la oportunidad de aprender de esos errores.

La clave está en equilibrar la innovación con la soberanía. Y no dejar por fuera a nadie en el proceso.

Cierre: ¿puede la nube estatal ser el nuevo suelo firme?

Al final, la pregunta ya no es si los gobiernos deben ir a la nube, sino cómo lo hacen.

La historia clínica del futuro, la gestión de catástrofes, el cobro de impuestos y la protección de datos personales… todo puede depender de esa infraestructura invisible. Pero si se construye mal, puede volverse una nueva trampa burocrática.

Entonces, ¿qué tipo de nube queremos?
¿Una que solo repita lo de siempre con otro nombre?
¿O una que en serio sirva para que el Estado esté más cerca, más seguro y más útil para todos?

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• 📚 Bibliografía

  • Mordor Intelligence – Mercado de Transformación Digital en América Latina
    Proyecciones de crecimiento del mercado digital en LATAM hasta 2030.

  • GSMA – Connectivity Gaps in Latin America (2023)
    Informe actualizado sobre la brecha de uso y cobertura de Internet en zonas rurales de la región.